SECOND PLACE
Intag: ante la mineria sin alternativas no hay paraiso. ECU-12
Mary Ellen Fieweger Ecuador Terra Incognita
Un día, hace más de quince años, los pobladores de Íntag, un fértil valle en la cordillera de Toisán, en el occidente de Imbabura, se vieron encima de un conflicto que nunca buscaron. Literalmente encima. Bajo sus fincas fueron descubiertos enormes yacimientos de cobre, y compañías mineras igual de enormes ingresaron a la zona, ávidas por el metal. El desigual conflicto que se originó ha llevado a Íntag a las primeras páginas de la prensa nacional, usualmente cuando el conflicto ha derivado en episodios de violencia -en 1997 comuneros de la zona incendiaron un campamento de la minera Bishimetals y, en 2005, volvieron a hacerlo con el campamento de Ascendant Copper; un año más tarde, paramilitares vinculados a esta última empresa protagonizaron un ataque armado a la comunidad de Chalguayaco Alto, causando varios heridos. En parte debido al apetito de la prensa por el escándalo y la violencia, esa faceta de las resistencias es la que trasciende a la esfera pública. Como resultado, los habitantes de Sarayacu, Dayuma, Yasuní o Íntag, todas zonas víctimas del afán extractivista, son representados como iracundos opositores al "desarrollo", cuando no como "infantiles" o "terroristas".
Pero las resistencias también son cotidianas, alegres, creativas y silenciosas. Muchas veces solo consisten en seguir con las actividades de cada día. En otras ocasiones, de la resistencia misma, de la necesidad de organizarse, surgen alternativas al "progreso oficial". Este texto habla sobre algunas que han surgido en Íntag frente a la codicia minera.
LA LLEGADA DE LAS MINERAS
Cuando a inicios de los noventa los gobiernos de Ecuador y Japón firmaron un acuerdo concesionando a la potencia asiática los minerales de la zona subtropical del cantón Cotacachi, los habitantes de Íntag no podían imaginarse lo que les esperaba. A nadie se le ocurrió informarles, peor aún consultarles. Solo tiempo después se enterarían de que estas actividades presuponían el trastorno completo de su entorno y de sus vidas.
El gobierno japonés contrató a Bishimetals, filial minera de Mitsubishi, para llevar a cabo la exploración y, de encontrar un yacimiento rentable, un estudio de impactos ambientales (EIA) antes de proceder a la explotación. Las concesiones, ubicadas en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas, abarcan miles de hectáreas de bosque nublado y a las comunidades de Junín, Chalguayaco Alto y Bajo, La Armenia, Barcelona, Cerro Pelado, Chinipamba, El Rosal, Guaraví, El Palmal y El Triunfo. Mientras las mineras iniciaban los trabajos y trazaban sus propios planes para la zona, los pobladores proseguían despreocupados con sus actividades agrícolas y ganaderas.
En los mismos años, el Ecuador se endeudó con el Banco Mundial para implementar el Proyecto para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (Prodeminca), consistente en la elaboración de un mapa mineralógico del país y la promoción de una ley atractiva a las grandes mineras.
Mientras tanto, los japoneses descubrieron cobre y prepararon el EIA. El documento pronosticó graves consecuencias si se realiza minería en la zona: "reubicación" de comunidades, contaminación de fuentes de agua, desaparición de bosques biodiversos, más prostitución, alcoholismo y delincuencia... Las autoridades gubernamentales y los funcionarios mineros hicieron todo para que las comunidades no consiguieran el estudio. Fracasaron. El documento llegó a ser el arma más eficaz en el trabajo de educación y organización emprendida por Giovanny Paz, párroco de la zona, Carlos Zorilla, y otros moradores del sector. En la comunidad de Junín, miembros del cabildo también visitaban a cada familia con el estudio en la mano, explicándoles lo que significaría la extracción del cobre. Eventualmente, estas iniciativas cristalizaron en la primera organización de base para frenar la minería: Defensa y Conservación Ecológica de Íntag, DECOIN.
FUTUROS LIBRES DE MINERÍA
Los inteños pronto se dieron cuenta que para enfrentar semejante poderío necesitaban más que organizarse. Las promesas de la minería encandilan y las presiones son inmensas; inclusive el presidente Correa promulga que "la minería es fundamental para el progreso del país". Para contrarrestar presiones, oropeles y fervores patriotas, hacen falta, además, alternativas reales. En parte fruto de la labor organizativa en oposición a la minería, y en parte construyendo a partir de las actividades que ya existían en el sector, una serie de opciones económicas se han ido desarrollando. Por supuesto, estos procesos no han ocurrido en un vacío. Ha sido fundamental el convencimiento anti minero del entonces alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, y su modelo municipal de democracia participativa desde 1996. En 2000, escuchando a la población, el consejo municipal emitió una ordenanza declarando a Cotacachi "cantón ecológico" y prohibiendo la minería a gran escala.
La primera iniciativa socioeconómica organizada que surgió -y que continúa- fue la de un grupo de mujeres de Plaza Gutiérrez. Ellas se agruparon en la asociación Mujer y Medio Ambiente, y se dedicaron a la fabricación de objetos artesanales como bolsas, alfombras o individuales de cabuya, un cultivo tradicional de la zona cuyo destino solía ser la Costa, para los costales en que se exporta el café y el cacao.
Le siguió otra actividad que también tiene una larga raigambre inteña: el cultivo de café. Tradicionalmente, la producción era acaparada por intermediaros, quienes sacaban el mayor provecho. Ahora, los caficultores están organizados en la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Íntag (AACRI). Después de casi doce años, los intermediarios ya no llegan a la zona porque no pueden competir con los precios pagados por la AACRI. Con su sede en la parroquia de Apuela, la AACRI agrupa a cuatrocientas familias y tiene mercados en Japón, Francia, España, Canadá y Estados Unidos.
A partir de 1998, el número de entidades involucradas en la lucha por mantener sanos los bosques y los ríos, las fincas y las familias de Íntag, se ha multiplicado. Hoy suman 43; son hombres, mujeres y jóvenes dedicados al cultivo y la fabricación de productos saludables y al turismo. Algunos ya están aglutinados en coordinadoras, y nueve de las organizaciones más representativas son miembros del Consorcio Toisán, cuyo fin es impulsar el comercio justo, buscar mercados para los productores de la región, fomentar el consumo local y ofrecer fortalecimiento organizativo y capacitación a sus miembros. La zona, además, cuenta con dos medios de comunicación comunitarios: el periódico Íntag, que cumplió nueve años en diciembre, y Radio Íntag, inaugurada hace cuatro.
Aparte de las actividades productivas, en 1998 surgió un nuevo esfuerzo para salvaguardar y ampliar las áreas boscosas. La DECOIN, la AACRI y el Consorcio Toisán se involucraron en la creación de reservas con fondos provenientes de varios organismos gubernamentales y no gubernamentales. Mediante esta estrategia, las escrituras de 44 mil hectáreas de bosques protegidos, donde los moradores llevan a cabo actividades productivas y de conservación, están en manos de comunidades o gobiernos locales.
Ligados a estos bosques surgió una iniciativa que es de gran interés y potencial para toda la región: Hidroíntag, el sistema de generación hidroeléctrica de la cuenca del río Íntag.
LA SED DE LAS HIDROELÉCTRICAS
Tras las mineras llegaron las empresas interesadas en el potencial hidroeléctrico de los ríos de la zona. La primera fue Emprelanga, impulsora del proyecto Vacas Galindo que contempla una central en el río Íntag. Para generar la caída necesaria para 42 megavatios, proponía desviar quince metros cúbicos de agua por segundo mediante un tubo de 6,8 kilómetros. En enero de 2000, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos le otorgó la concesión para utilizar el río Íntag, otra vez sin consultar o informar a los moradores -recién se enteraron en 2002- a pesar de que el proyecto habría afectado a agricultores y operadores turísticos, incluyendo las piscinas de Nangulví, el mayor atractivo de la zona.
Siguieron otros proyectos. Hidroapuela, una central de 15 megavatios, en los ríos Apuela y Cristopamba; Gritelka, planificado para el río Cristopamba; e HidroOccidente, pensado para el río Chalguayaco. Los propietarios afectados se resistieron a todos ellos. Ante esta oposición y la nueva normativa constitucional que pone el énfasis de la generación hidroeléctrica en el sector público y comunitario, todos fueron desechados, menos Vacas Galindo, que fue retomado por otra empresa, la Puma Business Solutions.
Vale hacer un paréntesis para entender por qué se despertó tanto interés por los ríos de Íntag. Al fin y al cabo, esta ha sido una zona relativamente abandonada por el estado y el sector privado hasta hace poco. En primer lugar, por supuesto, está la presencia del cobre. La posible entrada de las mineras generó expectativas debido a la descomunal demanda de energía que tiene la explotación del mineral. Los generadores de electricidad de la zona hubieran tenido un mercado cautivo casi ilimitado. Pero también hay otras razones. La relevancia de una de ellas se ha hecho muy evidente en los últimos meses debido a la crisis energética que atravesamos: la fuerte dependencia del sistema hidroeléctrico nacional en las vertientes orientales de los Andes, que lo pone en jaque cada vez que hay un estiaje severo. La construcción de centrales en los ríos de Íntag, en la vertiente occidental, permitiría la diversificación de la generación de energía, otorgando robustez al sistema. Y por último, una muy importante: las cuencas de estos ríos aún están cubiertas de bosques y existen las condiciones -gracias a las iniciativas locales- para que lo sigan estando. Los bosques preservan el caudal de los ríos. Su devastación en todo el país, incluyendo la de aquellos de las cuencas en las que están las grandes centrales hidroeléctricas, ahora hacen de ellos un recurso escaso y preciado.
Esta es justamente una de las razones por la que los pobladores de Íntag se oponen a proyectos como el de Vacas Galindo. Edmundo Varela, presidente de la AACRI, señala que las 44 mil hectáreas de bosque protegido establecidas por las comunidades han creado "una riqueza hídrica que es de envidia para otros" y cuyos beneficios deberían ser para quienes las han conservado.
HIDROÍNTAG: UNIENDO ENERGÍAS
El beneficio de la gente local: esta es la lógica tras la propuesta de Hidroíntag. Así sostiene José Cueva, miembro del equipo promotor: "Pensamos que el país requiere nuestras propuestas y acciones, y estas no se limitan a negarnos a los diferentes proyectos privados cuyo único fin es el lucro indiscriminado, como la minería o la instalación de plantas hidroeléctricas. Estamos seguros de que quienes cuidamos los recursos, quienes estamos comprometidos con potenciarlos y mantenerlos a largo plazo, somos quienes vamos a desarrollar su utilización, basados en principios de solidaridad, comunitarismo, conservación y uso sustentable". Es decir, una iniciativa de moradores de la zona en lugar de lejanos inversionistas, que privilegie aspectos de sostenibilidad antes que de rentabilidad pura. Y también que vea las cosas en su conjunto. Según Denis Laporta, uno de sus principales impulsores, lo más novedoso del proyecto es que tiene "una visión de la energía integrada con el desarrollo de una cuenca. Esto contrasta con la mayoría de proyectos hidroenergéticos, en donde los gestores no toman en cuenta la cuenca hidrográfica, la población o los recursos naturales".
Hidroíntag cuenta con la colaboración técnica de ingenieros de Cubasolar, de Energies Sans Frontières, de la empresa eléctrica estatal de Francia EDF y de ingenieros ecuatorianos con larga experiencia. Los expertos identificaron diez sitios aptos para la construcción de nueve centrales pequeñas (entre uno y nueve megavatios) y una mediana (sesenta megavatios) al final del río Íntag, donde la topografía forma un cañón y los impactos en la naturaleza y las comunidades serán pocos. La potencia instalada total será de cien megavatios. El tiempo de ejecución del proyecto es de 2009 a 2017 y su costo total es unos 180 millones de dólares. Para manejar el proyecto se ha creado una empresa mixta, Energía Hidroíntag Cotacachi, con el 49% de las acciones en manos del Consorcio Toisán, y el 51%, de las juntas parroquiales inteñas y el municipio de Cotacachi. Los impulsores aseguran que los beneficios del sistema serán múltiples para el estado, el ambiente y la población local. Multiplicará por diez la capacidad de generación eléctrica de la provincia. En veinticinco años, el estado recibirá 112 millones de dólares en impuestos y ahorrará entre 30 y 68 millones al año en generación térmica de energía. Asímismo, con la producción de las centrales evitará la producción de 365 050 toneladas al año de CO2 por la quema de diésel en plantas térmicas.
Los beneficios sociales incluyen la creación de 1 206 puestos de trabajo vinculados a la construcción, operación y administración de las centrales y el desarrollo de la economía local mediante la inversión de sus ingresos. Además, estos se invertirán en la mejora del sistema de educación, fortalecimiento de iniciativas productivas alternativas como agroecología y el mantenimiento de las fuentes de agua y bosques.
En Íntag, incluso las personas que antes apoyaban la minería están a favor de Hidroíntag. Es que cuando a la resistencia se le suman alternativas limpias, solidarias y coherentes, se empieza a vislumbrar el país que todos quisiéramos.
