PER-044-Amazonía deforestada .Alarmante incremento del tráfico de madera
José Álvarez Alonso Revista Viajeros, Conservación y Culturas July 2007
Amazonía deforestada .Alarmante incremento del tráfico de madera
Recientemente se divulgó una noticia escalofriante: el bosque amazónico desaparece dos veces más rápido de lo que se creía debido a la tala selectiva, que no se limita a las concesiones forestales y no es detectada por las imágenes satelitales convencionales. Pepe Álvarez, tenaz defensor de nuestros bosques, nos envía este informe desde Iquitos. La tala ilegal se extiende como un cáncer a lo largo y ancho de la Amazonía, incluyendo las áreas protegidas.
Pese a las declaraciones de algunas instituciones que sostienen que el Perú no exporta madera ilegal, la realidad nos muestra su lado más perverso: ningún concesionario forestal de Loreto, en la Amazonía peruana, ha podido demostrar hasta el momento que los volúmenes movilizados de madera, especialmente cedro y caoba, provenían de su concesión. En Ucayali y Madre de Dios la situación es similar., Los inspectores forestales con los que he podido conversar, y los informes de inspección ocular, confirman este secreto a voces: los concesionarios en Loreto no aprovechan madera de sus bosques, ellos “lavan” madera ilegal con las guías de transporte forestal de sus concesiones, como lo demuestran, por ejemplo, las inspecciones realizadas en el 2005 a doce concesionarios en Requena. Sin embargo, el Inrena no rescinde contrato hasta ahora a los concesionarios implicados.
Esto se puede demostrar fácilmente realizando verificaciones oculares en cualquier concesión, pues los tocones de los árboles duran años. Además, la “viveza criolla” de algunos mafiosos llega a límites insospechados: una concesión forestal que obtuvo una certificación forestal internacional plantó tocones de caoba en sus parcelas para engañar a los inspectores extranjeros. También “plantaron” comunidades indígenas fantasmas para poder acceder “legalmente” al bosque.
¿De dónde proviene entonces la madera movilizada, transformada y exportada de Loreto? De la tala ilegal. No hay río o quebrada mediana en Loreto en la que no haya presencia de numerosos grupos de madereros ilegales. Hay cuencas de zonas de frontera, donde todavía queda cedro y caoba, en las que la extracción de madera es masiva, a pesar de que no existen en ellas ninguna concesión o permiso forestal. Esto ocurre, por ejemplo, en los ríos Pastaza, Urituyacu, Chambira, Corrientes, Tamboryacu, Atacuari, Curaray, alto Yavarí, alto Tigre o bajo Huallaga, por citar algunos lugares donde miles de madereros ilegales llevan años talando, transportando y comercializando sus productos a vista y paciencia de todos, incluso con tractores forestales (más de 20 operan solo en el Pastaza).
La tala indiscriminada también se realiza en áreas protegidas. La Zona Reservada de Pucacuro está invadida por cientos de madereros. El caso de la Reserva Nacional Pacaya Samiria es particularmente dramático. Según datos de los guardaparques, entre el 2005 y lo que va del 2007 han sido extraídos ilegalmente de la reserva un millón y medio de pies tablares de caoba y 280 mil de cedro. Esta es la madera “detectada”. El volumen real extraído es probablemente el doble. Toda esta caoba, y gran parte del cedro, no se usa para asar pollos en Iquitos: termina exportada “legalmente” al extranjero. ¿Cómo? El papel aguanta todo. La madera es “lavada” con guías de transporte de concesiones, pero proviene de una larga cadena de ilegalidad, teñida de explotación, sangre y corrupción. La misma asociación de madereros de Loreto (AFOL) ha calculado que alrededor del 95% de la madera exportada es ilegal, mientras algunos expertos calculan que el nivel llega al 98%.
Esta actividad no solo tiene connotaciones económicas negativas, como la defraudación al Estado y el expolio de recursos de las comunidades locales. Representa, además, una grave amenaza ecológica: contribuye a la destrucción del bosque y la erosión genética de la caoba y el cedro en extensas áreas que debieran ser bosques en reserva o áreas protegidas, y, los madereros matan gran cantidad de animales silvestres, incluyendo especies amenazadas, para complementar su dieta e ingresos con carne de monte. Las connotaciones políticas y morales se ven reflejadas en la ilegalidad y la explotación de los operarios forestales por parte de madereros inescrupulosos, que pagan miserias por un trabajo peligroso y duro. Varios analistas han denunciado que detrás de muchas de las inversiones madereras se esconde dinero sucio del narcotráfico, que se asocia con la tala ilegal para corromper funcionarios, comprar dirigentes, políticos, policías y periodistas; amenazan de muerte o agreden a los que los enfrentan -como el anterior Administrador Técnico de Iquitos- amparándose en la impunidad que otorga el dinero y en la corrupción..
La tala ilegal es un cáncer que amenaza a nuestra Amazonía y corrompe a nuestra sociedad. Las leyes peruanas son blandas y las regulaciones administrativas para castigar a los infractores son tan complejas, que no hay ningún maderero ilegal o funcionario corrupto en la cárcel. Cuando intervienen cargamentos de madera ilegal, el que paga los platos rotos es el operario forestal (indígena o campesino) o el pequeño maderero. Los grandes habilitadores, los industriales y exportadores que financian la tala ilegal y se llevan la parte del león, nunca son tocados: a ellos les llega la madera ya “lavadita” y legalizada.
Muchos dudan de una verdadera voluntad política del gobierno por acabar con la lacra de la tala ilegal, porque el incremento de las exportaciones es la prioridad. Una alternativa viable frente a esta auténtica catástrofe amazónica sería empoderar a los miles de comunidades indígenas y campesinas de la selva, y simplificar las normas para facilitar su acceso al bosque, para que se conviertan en los abastecedores de madera. Se trata de formalizar a los informales y de capacitarlos para que aprovechen de manera sostenible ‘sus’ bosques. Sería algo así como “El otro sendero” aplicado a la selva. Con seguridad se reduciría la tala ilegal y se mitigaría la pobreza creciente de estas poblaciones, pues se promovería una distribución más justa y equitativa de los beneficios.
