PER-018-Negociando con Camisea
Omar Rosel Barrientos Revista Retablo – Revista de Análisis Político Regional April 2008
Negociando con Camisea
EL PROYECTO CAMISEA FUE CONCEBIDO, DESDE SUS INICIOS, COMO UNO DE LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS ORIENTADO A IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS, ESPECIALMENTE DE LAS REGIONES DONDE SE REALIZARÍA SU EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN.
La poca capacidad reguladora que posee el estado generó que las empresas: Transportadora de Gas del Perú (TGP) y Perú LNG, operadoras del proyecto, cometieran abusos e incumplimientos en los compromisos asumidos, perjudicando directamente a comunidades que reclaman la renegociación de los contratos y la modificación de la Ley de Canon y del Focam.
Estos puntos son parte también de las demandas que Ayacucho ha planteado en la Mesa de Diálogo que sostiene con la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo desde el año pasado, pero las posibles soluciones caminan a paso lento a pesar de la voluntad que ha mostrado nuestra región para llegar a buenos términos, donde la población afectada por los trabajos de instalación del gaseoducto sea la beneficiada, así como la región en general con la ansiada construcción de la planta de redistribución de gas.
“Lo tomas o lo dejas”
Para transportar el gas desde Cuzco hacia la costa, se construyó dos ductos: una para el gas líquido y otra para el gas natural. La empresa TGP, encargada de la operación, estaba en la obligación de realizar un acuerdo previo con los propietarios de las tierras, los cuales serían previamente indemnizados.
Hasta allí todo bien, sin embargo el Decreto Supremo N° 055-93-EM señala, que si no se llega a un convenio entre el propietario del suelo y el concesionario, el Ministerio de Energía y Minas podrá, a petición de éste último, constituir la servidumbre administrativamente, lo cual en simples términos obliga al campesino a ceder sus tierras, aún cuando consideren que el monto de indemnización sea muy exiguo en relación al valor real afectado. Por estas razones en muchas negociaciones se impuso la ley “Lo tomas o lo dejas”.
A esta situación desventajosa se sumó la falta de asesoramiento técnico y el desconocimiento de los pobladores sobre las formas de valorizaciones de sus tierras realizadas por TGP y por el Concejo Nacional de Tasaciones (CONA-TA). Esto originó acuerdos inequitativos en los montos de las compensaciones y pagos por servidumbre.
Hoy las comunidades insisten en la renegociación con la empresa, pero esta no se puede dar si no existe voluntad de la empresa, porque la ley señala que una vez celebrado el contrato de servidumbre y efectuado el pago de la compensación económica, los contratos no pueden ser revisados y no son renegociables, salvo exista un mutuo acuerdo entre las partes.
Intervención de municipios
Otro de los aspectos que ha generado malestar entre las poblaciones ha sido la falta de criterios claros y específicos para el pago de las indemnizaciones y derechos por servidumbre. En la comunidad de Cochas, Distrito de Anco, que tiene 10 Km. de afectación, la empresa pagó 120 mil soles por el derecho a compensación e indemnización, mientras que la comunidad de Patibamba, Distrito de San Miguel, por 4 Km. ha recibido más de 750 mil soles, teniendo las mismas características; entonces, alaprecer, la lógica es que se paga más a las comunidades que reclaman y están mejor organizadas.
Ante estos hechos, las municipalidades de la influencia del gasoducto de Camisea exigieron que las empresas TGP y Perú LNG -esta última encargada de la construcción del tercer ducto- acepten en renegociar algunos contratos y dejen de negociar con las comunidades hasta que se establezcan criterios técnicos que sirvan de guía para una negociación equitativa; sin embargo el ministerio de Energía y Minas intervino exhortando a los municipios a no entrometerse en asuntos en los cuales no tienen competencias legales, porque se trata de un acto jurídico privado entre dos partes, que sólo puede ser resuelto -si existe diferendos- en el fuero Judicial. Estas medidas limitaron a los municipios a intervenir dotando de asistencia técnica y profesional a la población para que tengan mejores conocimientos a la hora de negociar.
En algunos casos con intermediación de terceros, las negociaciones tuvieron resultados favorables, tal como señala Federico Martinelli, miembro del equipo técnico del Eje Temático de Camisea. “Los negociadores de Perú LNG ya habían pedido al Ministerio de Energía y Minas la imposición de servidumbre para el paso del tercer ducto, pese a que los pobladores no se negaron en ningún momento al diálogo. Por ello a través del eje Temático de Camisea de la Comisión Central de la Mesa de Diálogo, hemos intercedido para que den marcha atrás en este propósito”.
Otro de los problemas que se ha presentado en muchas comunidades, por donde atraviesa el ducto, es que los presidentes comunales realizaron contratos con las empresas a espaladas de la población y de los municipios, contratos que atentaban contra los intereses de la comunidad, situación por la cual fueron destituidos de sus cargos, como es el caso de Cochas, según indicó Alex Chirre, asesor técnico en asuntos de Camisea de la municipalidad de La Mar.
Resulta importante incidir en una de las recomendaciones del Informe Defensorial N° 103 sobre el proyecto camisea y sus efectos en los derechos de las personas, donde se precisa que “al no haberse cumplido muchos requisitos, corresponde analizar si estos contratos realmente contemplan una compensación económica justa por el uso de las tierras comunales, por los daños emergentes y el lucro cesante. La revisión de los contratos podría tener como resultado una visión más amplia y precisa respecto de su contenido, de las cláusulas abusivas que pudieran contener”.
Afectación ambiental
La instalación de los ductos generó inevitablemente afectaciones en el plano ambiental y en la calidad de vida de las poblaciones. Se reportaron derrames químicos, fisuras en las viviendas y canales de irrigación y problemas en la flora y fauna silvestre. Al respecto Wilber Manyavilca, alcalde de Anco, distrito que sufrió en mayor grado las afectaciones, informó que se está preparando una propuesta técnica, desde el punto de vista ecológico, para que TGP inicie con las reparaciones. Así mismo se está construyendo un Registro Único de afectados para facilitar los trabajos de reparación.
Para Eulogio Vila, alcalde la Municipalidad de La Mar, el tema pasa por la voluntad de los empresarios de resarcir los daños y de cumplir con su responsabilidad social. “Hasta el momento nada de esto se ha visto, por ello que estamos adoptando medidas de fuerza. El 28 de febrero, realizamos en San Miguel un paro general, razón por la cual nos reunimos con los representantes de TGP a quienes le planteamos la posibilidad de una renegociación; sin embrago ellos se negaron”, dijo.
Con esta respuesta, a consideración de Eulogio Vila, las vías están agotadas, por lo que el Frente de Defensa de San Miguel está manteniendo latente la posible realización de un paro indefinido.
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Cuadro 01
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
Una de las demandas prioritarias de Ayacucho es la construcción de una planta de distribución de gas natural en nuestra región, la cual también está establecida en el contrato de explotación y transporte del Gas de Camisea. Sí se concretara esta demanda permitiría que Ayacucho cambie su matriz energética beneficiando el servicio doméstico, vehicular y la generación de energía para la industria.
Los estudios elaborados por PROINVESIÓN señalan que este proyecto es inviable porque no existe la demanda suficiente. “A los señores de PROINVERSIÓN, hay que decirles que el mercado se constituye, y que además se trata de un acto de justicia con estas poblaciones afectadas y empobrecidas”, señala Jorge Manco, quien formuló la ley del FOCAM. Asimismo indicó que en un contexto, en el que se está viendo una integración gasífera entre los países del sur, el Perú a lo que debería apuntar es a la integración gasífera interna para generar polos de desarrollo y aminorar el costo de vida.
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Cuadro 02
PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL CANON
A partir de la firma del Acta por Ayacucho, producto de la marcha de los Waris y de las conclusiones del III Foro de Camisea, se estableció como una necesidad prioritaria impulsar la modificación de ley del Canon Gasífero y del Fondo Especial de Desarrollo de Camisea (FOCAM).
Para entender este reclamo sólo basta ver que Cusco, por el concepto de Canon gasífero recibió S/. 604 millones en el 2007; mientras que los cinco departamentos que perciben el FOCAM, solo recibieron S/. 116 millones, distribuidos en Ayacucho con 33 millones, Huancavelica 22 millones, Ica 23 millones, Lima provincias 25 millones y Aguaytía 22 millones.
Heraclio Luján, uno de los técnicos del Eje Temático del Gas de Camisea de la Comisión Central que interviene en la Mesa de Diálogo, realiza otros cuestionamientos a esta ley al señalar que los criterios de distribución no son las más adecuadas. “En las provincias de Lima - Barranca, Huaura, Huaral- que gozan de recursos importantes, reciben relativamente más que las provincias andinas de Huancavelica y Ayacucho en razón de un mayor peso poblacional”.
Al interior de la Comisión Central, el Presidente Regional y el alcalde de Huamanga, en Junio del 2007, se comprometieron en contratar a Jorge Manco, quien impulsó y formuló, en su momento la ley del FOCAM. Sin embargo hasta el momento no se hizo ninguna contrata. Eloy Vila Vila explica que el incumplimiento de este acuerdo más la actitud sumisa e inoperante del presidente regional fue uno de los motivos para que se retire de la Comisión Central.
