PER-009-La extracción minera se expande en áreas urbanas de cuenca del Chillón
Elizabeth Salazar Vega Diario El Comercio May 2007
La extracción minera se expande en áreas urbanas de cuenca del Chillón
Consecuencias de la industria informal y caos urbanístico
Existen 238 canteras que afectan a pobladores de áreas agrícolas. Preocupa la depredación de zonas arqueológicas y tierras fértiles
Un enorme cartel pintado con letras rojas dice claramente: Clausurado. Desde hace dos años las municipalidades de Puente Piedra y de Carabayllo y hasta el Ministerio de Energía y Minas han retirado el permiso de operaciones a la empresa La Campana de Huancayo S.M.R.L., que se dedica a la extracción de arcilla en el límite de ambos distritos. Pero eso no parece importar al personal de esta concesionaria minera, pues sus tractores, camiones y palas mecánicas siguen devorando lo que queda de los cerros aledaños a la avenida Lomas de Carabayllo.
Según la ONG Alternativa, en esta zona existen seis empresas que se dedican ilegalmente a la minería no metálica, es decir, la extracción de arena, piedra chancada y arcilla, requeridas en mayores cantidades desde que se reimpulsó el sector construcción.
El panorama que rodea a los 52 asentamientos humanos aledaños al valle Chillón luce como un campo de batalla después de un feroz bombardeo: enormes socavones de más de 100 metros de profundidad se encuentran a ambos lados de la vía, e incluso se sigue perforando la base, sin importar que las viviendas estén al ras de las enormes depresiones. Asimismo, los cerros han sido demolidos y el desmonte es usado para rellenar fosas que luego se lotizarán y venderán con fines de vivienda. "Estas tierras no son aptas para construir, pues al no ser una superficie firme y compacta tenderá a hundirse", dice Carlos Ascarza, presidente de la Comisión Urbano Ambiental de Lomas de Carabayllo.
SOBRE LA URBE Y LA CUENCA
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (Inacc), a lo largo de toda la cuenca del valle Chillón (que comprende la zona norte de Lima, Canta y Callao) existen 238 canteras de extracción metálica y no metálica. Algunas de ellas datan de los años 80, pero del total de concesiones solo 110 obtuvieron su título de propiedad o su derecho a tramitación entre el 2005 y el 2007. Además, el registro del Inacc señala que otras 44 empresas no deberían seguir operando por haber incumplido serias normas ambientales y de seguridad, pero por lo menos en Carabayllo estas se ríen de la ley.
Si se contrapone el mapa de catastro minero con el de áreas urbanas, se verá que uno calza exactamente sobre el otro. En esta zona de Carabayllo son 30 mil las familias que deben vivir respirando polvo y afrontando el peligro, pues, según comprobó una comisión del Consejo Nacional del Ambiente (Conam) en febrero pasado, concesiones mineras como El Taro realizan excavaciones y detonan dinamita sin el planeamiento técnico debido.
Personal del Concejo de Carabayllo señaló que dichas empresas eran dueñas del terreno muchos años antes de que se asentaran estos poblados, pero recién desde el 2005 la mayoría inició operaciones. Esta respuesta no satisface a pobladores que ya echaron raíces en el lugar y han sido advertidos que no podrán beneficiarse con obras de agua y alcantarillado (Programa Agua para Todos) si es que no sanean sus predios y ello implica acreditar que no están cerca de una zona minera.
Además del material particulado que contamina el aire de la zona, el impacto ambiental de la minería no metálica se acentúa con la extracción irracional de toneladas de tierras agrícolas para obtener la arcilla. "No solo hablamos de la depredación de tierra. A veces instalan sus canteras en las pocas hectáreas fértiles que le quedan al Chillón y arrojan el desmonte en zonas paisajísticas o arqueológicas que posee todo valle", señala Anna Zucchetti, presidenta del Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA).
Razón no le falta, y es aquí donde la cadena del daño ecológico y cultural incluye también a las poblaciones que hoy se ven afectadas por las mineras.
¿ADIÓS PATRIMONIO?
Los pobladores del asentamiento humano Los Girasoles de Carabayllo son algunos de los que viven con el temor de que el Instituto Nacional de Cultura (INC) vuelva a visitarlos. Las cerca de cien familias han levantado sus paredes sobre los restos del templo Huacoy, que data del año 1.400 a.C., y que hoy se encuentra en franco riesgo de desaparecer. Este es uno de los 340 restos arqueológicos que existen a lo largo de toda la cuenca del Chillón, pero cuya conservación no es óptima.
Vecinos como Alfredo Castro Gutiérrez, que han invadido estas áreas, aseguran haber sido estafados. "Cómo íbamos a saber que el terreno era arqueológico si el dueño de una asociación de vivienda lo lotizaba y vendía", se pregunta mientras describe el accionar de los traficantes de tierras.
La informalidad en la compra y venta de terrenos ha sido, a decir de Jorge Ávila, miembro de la ONG Alternativa, una de las principales causas de la brutal depredación de tierras agrícolas y arqueológicas que sufre la cuenca del río Chillón.
"El valle enfrenta un grave proceso de deterioro en el área metropolitana por culpa de la industria informal y la invasión urbana, pero la inacción municipal y del Estado es lamentable. Hasta las huacas son usadas como botaderos informales", explica la ingeniera Helga Valdivia, del Grupo de Investigación Geográfica Ambiental (GIGA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
El dedo acusador no solo debe apuntar a los invasores de tierras y a la nula fiscalización municipal, sino también a otras entidades del Estado que han legalizado la informalidad. Por ejemplo, solo entre los años 2000 y 2002, más de 34.000 lotes fueron formalizados por Cofopri pese a que se encontraban sobre reservas naturales y zonas arqueológicas de Lima y Callao, mientras que otras 70.000 se hicieron sobre áreas riesgosas.
"Esto significa una pérdida irreversible del patrimonio cultural y natural, pero además un aumento de la vulnerabilidad frente a desastres naturales para aquellos habitantes que formalizaron sus predios en áreas propensas al hundimiento o desborde", señala el informe GEO de Lima y Callao.
La desidia y descoordinación siguen siendo los principales agresores del poco verdor que le queda a Lima.
LAS CIFRAS
70% de las 18.500 hectáreas que tenía el valle Chillón en 1935 se han perdido por obra de la expansión urbana y la industria, según la Oficina de Asesoría y Consultoría Ambiental (OACA). Con ello se han ido flora, fauna, paisaje e historia.
24'689.877 de soles recibieron los concejos de Lima y Callao el año 2005 por concepto de canon y sobrecanon minero, pero solo S/.90.000 se destinó a reforestación.
42% de la expansión urbana que se desarrolló en el cono norte desde 1980 al 2000 se realizó sobre áreas agrícolas
229 millones de metros cúbicos de agua es lo que provee anualmente la cuenca del Chillón.
UN VALLE CON HUACAS Y MURALLAS EN RIESGO
El valle del Chillón alberga sitios arqueológicos como los petroglifos de Checta y Cantamarca, en Santa Rosa Quives; Copacabana y el Centro Ceremonial Paraíso, en Carabayllo; y la Fortaleza de Collique, en Comas, por citar algunos.
Solo en Comas el arqueólogo Enrique Niquin ha encontrado 17 vestigios precolombinos (entre huacas, murallas y fortalezas) pero de ellos, solo tres han sido reconocidos por el INC. La comunicación con este organismo no fue posible. Lo mismo ocurrió con representantes del Ministerio de Energía y Minas, quienes se excusaron de informar sobre las medidas de fiscalización que han adoptado ante las concesiones mineras informales y el incremento de autorizaciones para explotar minerales en zonas ya urbanizadas.
El Pacto por una Lima y un Callao Verdes, suscrito en enero por autoridades y grupos ambientales, incluye propuestas para preservar este valle. Se espera que no haya más silencios, sino acciones concretas.
