PER-40: La historia de cómo nació la semilla ambiental en San Mateo
Andrea del Castillo Calderón El Comercio, Lima, Lima enero 2006
Hay una ciudad en Huarochirí donde todos los 3 de enero se rinde homenaje a quienes en 1934 lucharon para que su medio ambiente no sea afectado. Cinco de ellos murieron.
Don Inocencio Huamán camina con pasos cortos pero ligeros. El hombre de 95 años, con apariencia de abuelo bonachón, avanza por una de las estrechas calles de San Mateo de Huanchor, deteniéndose por breves momentos para tomar una bocanada de aire o para estrechar la mano de algún conocido que lo interpela por algunos segundos. Pero, el sonido de la banda musical que está por alcanzar el cementerio, a dónde él se dirige, y el compás de los Corcobados por otro, reanima sus pasos.
En el camposanto, la delegación de autoridades locales, con el alcalde Víctor Jorge Hurtado a la cabeza, y representantes de las comunidades campesinas, recuerdan en una romería a los mártires del 3 de enero de 1934, fecha en que un contingente de 80 efectivos de la Policía Republicana rodeó el pueblo. Hubo cinco muertos, 12 heridos, 14 presos y decenas de perseguidos, entre ellos, don Inocencio.
"Los policías llegaron en tren desde Lima porque se había dicho que el pueblo de San Mateo se había sublevado pero no era así", recuerda él. "Solo defendimos nuestros derechos", añade.
La historia era otra y había empezado cuatro años antes, con la reactivación --gracias al impulso de la política minera del gobierno de Augusto Leguía primero, y con el régimen del comandante Sánchez Cerro después--, de la fundición de Tamboraque, propiedad de Lizandro Proaño. Para entonces ya eran evidentes los daños ambientales causados por las fundiciones de la Oroya y Casapalca.
"El cielo amanecía cubierto de humo. Los pastos empezaron a secarse, los cultivos en las chacras ya no rendían y los animales empezaron a morir. Todo empezó a cambiar y nada volvió a ser como antes", refiere don Inocencio mientras apresura el paso y señala hacia los cerros, de un verde opaco, donde en algún momento estuvo su casa y donde también se pastaba el ganado.
Falta poco para llegar al cementerio, en cuya entrada se encuentran las tumbas de Eduardo Córdova Cáceda viuda de Granados, Luzmila Isla Prinz, Ascencio Tocas Cochaches y los menores Mateo Vera Rodríguez (12 años) y Benigna Suárez Vargas, de 5 años, las víctimas de la intervención policial.
Reclamos desoídos
"Ante el temor de sufrir daños similares a los de La Oroya y Casapalca, las comunidades campesinas de la cuenca del Rímac, San Antonio, San Mateo de Huanchor, Chicla, Viso, Matucana, Huarquiña, Surco, San Bartolomé y Cocachacra se opusieron mediante un memorial al trabajo de la fundición de Tamboraque", escribe, en el libro que prepara, Ruperto Cáceda Vidal, nieto de una de las fallecidas y ahora presidente del Comité de Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de San Mateo de Huanchor (Codemades).
Desde 1930 hasta 1933, los pobladores presentaron reclamos contra la fundición pero estos fueron desoídos. Todo empezó a cambiar el 2 enero de 1934, cuando por iniciativa de la comunidad campesina de San Antonio, y en un acuerdo de asamblea con la comunidad de San Mateo de Huanchor, se decidió marchar hacia la fundición de Tamboraque para pedir que dejara de funcionar. El detonante de la medida fue el maltrato que Proaño dio a la familia de Filberto Tello, quien trabajaba limpiando la chimenea de la fundición y había muerto envenenado por el arsénico.
"Lizardo Proaño se negó a pagar los gastos de sepelio, arrojándole a sus familiares tablas para que le hagan el ataúd. Ellos se quejaron ante la asamblea y entonces la comunidad acordó marchar a la fundición de Tamboraque", dice don Inocencio.
Al compás de los ersiguien (que ahora en la romería danzan por la ersiguiend del ganado), los pobladores llegaron hasta la fundición y reclamaron la presencia de ersig. Al no encontrarlo y ante los improperios de los guardias de ersiguie, los comuneros desencadenaron su furia, quemaron la residencia y dañaron parte de la planta.
La respuesta
La ersiguiendo ersigui se produjo en la madrugada, el prefecto Departamental Meave Seminario declaraba el estado de sitio, capturando y persiguiendo a los dirigentes y comuneros.
"Tuve que dejar a mi madre y esconderme en San Mateo de Otao, donde vivía mi padrino", dice don Inocencio Huamán. Regresaría un año después. Para entonces, luego de una investigación en el fuero militar y civil, se concluyó que lo ocurrido el 3 de enero de 1934 fue un caso de abuso de autoridad. Y luego de liberar a todos los presos por esa causa, la fundición de Tamboraque fue paralizada.
"Pero ya nada volvió a ser como antes", dice el anciano.
Cronología
[Febrero de 1999]
Se depositan los relaves mineros sin tener autorización.
[Julio de1999]
El MEM emite resolución que ordena paralizar trabajos del relave. No se acata.
[Enero del 2001]
El proyecto Tamboraque pasa a propiedad de Wiese Sudameris Leasing, entre ellos el depósito de relave de Mayoc.
[Agosto del 2004]
La CIDH de la OEA da un plazo de 6 meses al Estado peruano para el retiro de los relaves fuera de Mayoc.
[Enero del 2006]
Debe empezar etapa de remediación.
Víctimas esperan atención médica
Margarita Pérez vive en el centro poblado menor Mayoc, ubicado a la vera de la Carretera Central, a casi un kilómetro de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí.
Allí viven 80 familias (antes era un centenar), todas afectadas desde 1999 por el polvo proveniente de los relaves mineros acumulados en lo que antes era un bosque de eucaliptos conocido como fundo Mayoc.
"Durante más de cuatro años hemos respirado el polvo de los relaves, dañando nuestra salud, como se ha confirmado en los estudios médicos practicados a los pobladores", dice Margarita Pérez, quien preside el Comité de Afectados por la Minería de Mayoc.
Desde que el problema empezó, la comunidad pidió el retiro de los relaves mineros. La denuncia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que ha pedido al Estado peruano tomar medidas efectivas al respecto. "El problema de retiro de relaves está casi resuelto, pero queda pendiente la grave contaminación por metales pesados de la población. Necesitamos un tratamiento especial que aún no recibimos", dice Margarita y así lo ha manifestado en Washington, durante la segunda audiencia convocada por la CIDH para ver la denuncia contra el Estado peruano presentada por la Coordinadora Nacional de Comunidades Campesinas Afectadas por la Minería Conacami).
