SEGUNDO LUGAR
ECU-02: Pescadores agitan el mar de las Galápagos
Gisella Monserrate Ronquillo Orellana El Universo, Guayaquil, Guayas
Aislados del continente, sin comida o provisiones, los primeros colonizadores del Archipiélago de Galápagos (que pertenece al Ecuador desde 1832) hallaron en el mar una fuente de recursos para su supervivencia. "Lentamente fueron adentrándose al océano; probablemente la pesca llegó a ser trabajo de jornada completa para algunos en este siglo, aunque los botes no tenían motor y los pescados se preservaban al salarlos y secarlos", dice el texto del Plan de Manejo de la Reserva Marina de las islas.
La explotación pesquera es, desde entonces, el principal sustento de cientos de familias galapagueñas a las cuales, actualmente, reporta ganancias por catorce millones de dólares anuales. Su actividad extractiva, sin embargo, preocupa a la comunidad científica, que teme la depredación de la biodiversidad marina de las islas, riqueza por la que recibieron el apelativo de Encantadas.
Una situación que se agravó con el crecimiento desmesurado de la
población debido al desarrollo de las actividades turísticas,
agropecuarias y de la construcción: en 1950 había 1.346 personas;
en noviembre de 2001, en las cinco islas habitadas del archipiélago
vivían 18.640, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos (INEC).
"Al terminarse sus contratos, los que llegaron como miembros de la
tripulación de un barco, jornaleros de una hacienda de café u
obreros decidieron hacerse pescadores", recuerda Carlos Ricaurte,
de 75 años, uno de los pescadores más antiguos de la isla San
Cristóbal.
Antes de 1980, el sector se dedicaba exclusivamente a la extracción de bacalao, ingrediente de la fanesca de Semana Santa, mediante la pesca de anzuelo o empate. El Parque Nacional Galápagos (PNG) registraba 156 pescadores en 1971. Cuando aparecieron los primeros compradores de langosta, a mediados de los 80, el sector pesquero empezó a expandirse; en 1985 había 369 personas en la actividad.
El efecto obvio de dicho incremento fue la reducción de las poblaciones de las especies marinas. En 1991, las organizaciones conservacionistas que realizaban investigación en las islas sugirieron establecer vedas, las cuales fueron rechazadas por los pescadores, que enviaron sus representantes al continente para conversar con las autoridades.
Para ellos, las restricciones eran parte de un plan "para sacar a toda la gente de Galápagos y quedarse (los conservacionista) con todo". A su regreso, organizaron la primera paralización de importancia que duró cuatro días.
Por la misma época empezó la pesca de tiburones para la venta de sus aletas, apetecidas por los consumidores asiáticos, quienes le atribuían propiedades afrodisíacas. Por la depredación que sufrió la especie, esta fue declarada protegida en 1989, por lo que se prohibió su extracción. Desde entonces hasta el 2003, el PNG realizó 63 decomisos de tiburón capturado ilegalmente por embarcaciones nacionales y extranjeras, tanto artesanales como industriales. Durante el 2004 se retuvieron 8.000 aletas y, en lo que va del 2005, 2.296.
La saturación del sector, sin embargo, coincidió con la apertura de la pesca de pepino de mar en 1994, aunque ya se realizaba desde mucho antes. "Fue como una fiebre de oro", señala Francisco Guamanquispe, presidente de la Cooperativa de Pesca San Cristóbal (Coopesan), la más antigua de los cuatro gremios que operan en el archipiélago, al referirse a los altos precios que pagaban los comerciantes por el producto. El año pasado, por ejemplo, un pescador promedio podía ganar 8.000 dólares durante los dos meses de la temporada de pesca.
Los gremios recibieron decenas de solicitudes de registro; la mayoría de gente dedicada a otras actividades, como el turismo, el comercio o la función pública. El boom del pepino atrajo, además, a trabajadores de otras regiones del país. Para la actual temporada, el PNG registró 999 pescadores: 539% más que en 1971.
Álex Mejía, presidente de la Cooperativa Productos del Mar de San Cristóbal (Copespromar), admite que el manejo político de las cooperativas también influyó en su crecimiento exagerado. "Hubo dirigentes que, a cambio de votos, inscribieron más socios", afirma.
La Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en vigencia desde enero de 1998, mediante la cual se creó la Reserva Marina con una extensión de 133.000 km², intentó ponerle freno a la situación estableciendo restricciones para el registro de pescadores (solo podían hacerlo los residentes permanentes de las islas legalmente inscritos en una de las cuatro cooperativas) y una moratoria de cinco años para el registro de nuevos pescadores (excluyendo a sus hijos) y embarcaciones. El Reglamento de Pesca, aprobado en el 2003, la amplió a cinco años más.
Kléber Loor, socio de la Cooperativa de Pesca de Producción Pesquera Artesanal de Santa Cruz (Copropag) y concejal de ese cantón, señala que la decisión fue tardía. "A esa época ya los recursos estaban agotados" -dice- por acción de los pescadores industriales que aprovecharon "el poco control" de las autoridades.
En cambio, Mario Piú, jefe de Recursos Marinos del PNG, dice que los conflictos con los pescadores ocurren "porque es difícil establecer un sistema de ordenamiento a quienes nunca lo tuvieron". El funcionario acepta que la institución carece de recursos, aunque los patrullajes se efectúan en toda la Reserva.
Loor dice que la Ley Especial introdujo beneficios para el sector pesquero artesanal, como la prohibición de la pesca industrial dentro de las 40 millas de la Reserva Marina, pero aumentó las normativas, las sanciones, las prohibiciones.
De ahí que se consideren "perseguidos" y afirmen defender su derecho al trabajo con la organización de movilizaciones que afectan las actividades económicas y conservacionistas de las islas. Desde 1998, año en que se aprobó la ley, se produjeron diez paralizaciones organizadas por el sector pesquero; la más larga, en el 2004, se prolongó por 92 días.
A la cabeza de los paros están, generalmente, las dos cooperativas de San Cristóbal (Copesan y Copespromar), las cuales aglutinan al 50% de los pescadores de las islas. El gremio de Isabela -que reúne al 25% de los socios- también tiene una participación activa ya que, al ser el centro poblado más alejado, tiene poca presencia estatal.
"Dado su relativo aislamiento físico y la cercanía de sitios de pesca abundante, esta isla suele ser usada como base de operaciones para la pesca ilegal", señala un informe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
La organización de Santa Cruz (Copropag), en cambio, es más conciliadora porque tiene estrecho contacto con los negocios turísticos, las autoridades locales y los grupos científicos.
"No los perseguimos", dice Piú al referirse a su relación con los pescadores. Prueba de ello -continúa- es que el sector turístico recibe 30% más de sanciones por incumplir la reglamentación.
ENTRE 1971 Y EL 2005 el número de pescadores de las islas
Galápagos creció en 539%, según los registros del Parque Nacional
Galápagos. El efecto de dicha expansión es la depredación de los
recursos, atada a la permanente confrontación de los usuarios de la
Reserva Marina.
Entre la rentabilidad y la conservación
Oye tú... ¿Has visto algo como esto cuando buscas la langosta?
Dionisio Zapata, un pescador que entonces tenía 30 años, tomó entre
sus manos un frasco de vidrio con formol que conservaba un bicho
raro, gelatinoso. - ¡Claro! Nosotros vemos hartísimo de esa
pendejada, respondió Zapata al hombre de gafas oscuras que lo había
abordado en el muelle de Puerto Ayora (Santa Cruz).
- ¿Me puedes traer algunos?
"Me sumergí una hora; regresé con una gaveta", relata el que ahora,
a sus 52 años, es presidente de la cooperativa de pesca de esa isla
(Copropag). El bicho raro, gelatinoso, era el pepino de mar,
producto que -según supo luego- deleitaba el paladar de los
asiáticos.
Él no entendía cómo se podían comer "esa porquería", pero finalmente no le importaba porque su captura "le daba plata"; en menos de una semana, en las mejores épocas de la pesquería, ganaba 28 mil sucres que, luego, gastaba en borracheras con los amigos. Él siempre pagaba la cuenta.
Zapata había llegado de El Oro a los 18 años por turismo, pero decidió quedarse porque la pesca (primero de bacalao, luego de langosta y pepino) le proporcionaba más ingresos que el cuidado de las plantaciones de banano.
Como él, el 50% de los pescadores registrados en las cuatro cooperativas de pesca de las islas es migrante. El 47% vino de la Costa (especialmente Guayas y Manabí) y el resto, de la Sierra y el Oriente. La mayoría llegó a las islas tras el auge de la pesca de pepino.
Un estudio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) señala que existen diferencias marcadas de actitud entre la población pesquera tradicional y los recién llegados. "Estos últimos pretenden obtener las máximas utilidades posibles de los recursos. Los otros, que han estado expuestos por lo menos durante una generación a las actividades de conservación del ecosistema y de educación ambiental, suelen ser más sensibles al uso sustentable de los recursos".
La pesca en Galápagos es una actividad ejercida exclusivamente por hombres (99%), aunque sus compañeras o sus hijas tienen una participación activa en el negocio, dice Rafael Elao, facilitador de la Estación Científica Charles Darwin, quien trabaja con los gremios de San Cristóbal.
Algunas, asimismo, conformaron microempresas dedicadas a la venta de artesanías, productos del mar con valor agregado (congelado o en paté) o producción de mermeladas, Diana de Zavala, de 30 años, por ejemplo, se encarga personalmente de regatear el precio de la gaveta de pepino con los compradores que, al caer la tarde, acuden al muelle de Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia.
- A ver, ¿cuánto quiere?, dijo Chen Ming, un intermediario chino
que, además, tiene una fábrica de gelatina en Guayaquil.
- Ya, déme 300 por las dos, respondió Diana.
- !¿ $ 300?! No pues, si una solo es media gaveta. Le doy $ 140 por
una y $ 70 por la otra, respondió el asiático con un imperfecto
español el pasado 9 de julio.
La mujer aceptó; enseguida regresó al local de venta de souvenir
que instaló hace dos años con el dinero de la pesca.
La familia de su esposo se dedica a esa actividad hace más de 40 años; de hecho, en los registros de la cooperativa constan quince de sus miembros. No es la única.
De los registros de las cooperativas se desprende que el 45% de los pescadores tiene una edad que fluctúa entre los 20 hasta los 34 años, seguidos por los que tienen entre 35 y 49 años, que son el 37%. Los menores de 20 y los mayores de 60 se hallan en inferior cantidad; en este último grupo están los fundadores de la actividad.
"Los hijos de los pescadores nos dedicamos a lo mismo porque no hay otra forma de ganarse la vida", asegura Junior Rosero, de 24 años. Para mantener a su hijo (recién acaba de separarse), necesitaría un sueldo fijo mensual de 400 dólares. Durante los dos meses de la pesquería de pepino puede obtener unos tres mil, pero el resto del año (cuando se pesca bacalao o langosta) no saca más de mil.
El nivel de instrucción del sector pesquero artesanal es "bastante bueno": el 54% estudió la secundaria y el 33%, primaria. Solo el 0,3% carece de instrucción, refiere un informe de la Estación.
Zapata dice que muchos de los socios de su cooperativa con más posibilidades económicas mandaron a estudiar a sus hijos al continente "para que tengan otra vida". La mayoría elige carreras afines a la biología o el medio ambiente, las que tienen más plazas de trabajo en instituciones u organizaciones vinculadas a la investigación científica.
La Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en vigencia desde enero de 1998, determina que estas deben darle prioridad a la gente originaria de las islas; estas, asimismo, deben ganar 75% más que los trabajadores del continente.
Esa disposición, sin embargo, suele convertirse en un limitante para obtener empleo. Podalino Herrera, pescador de Santa Cruz, oriundo de Machala, dice que el sector turístico de las islas, que anualmente mueve entre 200 millones y 400 millones de dólares, prefiere contratar gente del continente, a la que paga menos.
Una situación similar ocurre dentro de las propias cooperativas. El 30% de los socios son propietarios de embarcaciones para cuya operación suelen llevar -ilegalmente- pescadores migrantes. Su argumento es que "los pescadores no quieren trabajar todo el año, solo en la época del pepino, que es lo más rentable", refiere un empresario que prefirió no identificarse.
Lo mismo piensan los técnicos de ONG ambientalistas. "No saben aprovechar su dinero", afirma Irma Larrea, coordinadora de un proyecto de energías renovables para Galápagos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Eduardo Rodríguez, quien tiene 35 años en la pesca, dice que "cuando uno es joven no tiene el mismo pensamiento, no les da importancia a las cosas porque cree que el recurso nunca se va a acabar, pero ya nos hemos dado cuenta de que no es así".
"Lo que pasa es que él tiene un vicio, el alcohol... apenas da para el gasto diario y el resto se lo bebe", interrumpe su esposa Dianne, que nació en Pedro Carbo (Guayas). Por ello recién pudieron comprar una panga hace cuatro años. La refrigeradora que tienen en la cocina, en cambio, se la ganaron en un bingo que realizó el barrio.
No todos, sin embargo, manejaron descuidadamente sus ganancias. En diez años de trabajo, por ejemplo, Víctor Rueda pudo comprar dos embarcaciones que, actualmente, utiliza para la movilización de personas entre islas.
"Ya no hay buenas pesquerías por el exceso de pescadores y la pesca ilegal", dice. Unos lo hacen por desinformación, otros porque no quieren someterse a las regulaciones existentes, agrega.
La mayoría de pescadores nota una reducción de la población de las especies de langosta y pepino de mar en las aguas superficiales; esto los obliga a bucear a más profundidad, con lo cual aumentan los riesgos de sufrir accidentes. En lo que va de la actual temporada de pesca, murieron dos personas por la denominada "enfermedad descompresiva".
Zapata culpa a las autoridades locales: no les contaron a tiempo el impacto de su actividad. "Siempre se han preocupado por el recurso cuando está terminado", afirma el pescador que dejó de bucear el año pasado porque, según le dijo el médico, puede no volver a emerger con vida.
EL SECTOR PESQUERO DE GALÁPAGOS ha protagonizado diez paralizaciones desde que en 1998 se aprobó la Ley Especial que norma las actividades en el Archipiélago y limita sus labores de pesca. Desde entonces, los conflictos con los ambientalistas han sido frecuentes. A continuación un informe, cuyos protagonistas son los pescadores, que muestra las razones de este sector, acusado de ser una amenaza para la conservación de las islas.
Pescadores insisten en usar palangre
Tanto el sector pesquero como el conservacionista dicen estar de acuerdo con desarrollar la pesca de altura (o de alta mar) como alternativa para mitigar la extracción de recursos marinos a las orillas de la costa de las islas Galápagos.
Ambos discrepan -sin embargo- en las características del arte de pesca usado con ese fin: el palangre, un cordel o línea madre con varios anzuelos. Los pescadores señalan que ese método les permitirá aumentar los volúmenes de captura de atún, peces espada, albacora y otros pelágicos pequeños, lo cual reducirá su nivel de dependencia económica de las pesquerías de pepino de mar o de langosta. Los ambientalistas, en cambio, advierten del impacto sobre otras especies, como los tiburones o las mantarrayas, que pueden engancharse.
Un estudio del Parque Nacional Galápagos (PNG) realizado a fines del 2003 señaló un índice del 40% de pesca incidental, aunque los pescadores hablan de un 13%. Esa investigación se efectuó con anzuelos ubicados a 30 metros de profundidad (que es el hábitat de los tiburones), pero la institución planea hacer otra con líneas de 60 metros.
El sector pesquero plantea otras alternativas: la tecnificación de las pesquerías existentes, como la de bacalao, a través de la construcción de centros de acopio; la extracción de nuevas especies como el erizo de mar, o el cultivo de ostras perleras.
Otra opción -pero no su favorita- es el turismo, a través de tours de bahía o buceo, pesca deportiva o pesca vivencial. "Los pescadores conocemos la Reserva Marina mucho mejor que los operadores; podemos llevar a los visitantes a sitios nunca antes vistos", asegura Francisco Guamanquispe, de la Cooperativa de Pesca de San Cristóbal (Copesan).
Carlos Ricaurte, socio de la Cooperativa Productos del Mar de San Cristóbal (Copespromar), recuerda que los pescadores ya plantearon la posibilidad de colaborar con el PNG en el patrullaje de las costas o con la Estación Científica Charles Darwin en la erradicación de las especies introducidas a cambio de una remuneración. "Pero para los conservacionistas todo lo que hacemos está mal", dice con resentimiento Ricaurte.
Graham Watkins, director ejecutivo de la Estación Científica Charles Darwin, expresa que la ejecución de estas actividades requiere capacitación, capital y mercados; además de la colaboración de todos los actores: al sector turístico le corresponde dar plazas de empleo; a los conservacionistas, estar dispuestos al diálogo. Para el científico, "hacer negocios sustentables en islas como Galápagos es difícil por su condición de Patrimonio Natural de la Humanidad y por su ubicación geográfica (a 1.000 kilómetros de la costa continental)".
Por mandato de la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM), máxima instancia de toma de decisiones sobre la Reserva Marina, la Junta de Manejo Participativo (JMP) -grupo de discusión formado por todos los usuarios- debe entregar una propuesta concreta de reconversión laboral para los pescadores hasta diciembre de este año.
La ministra del Ambiente, Ana Albán, quien preside la AIM, espera obtener diez millones de dólares para financiar nuevas alternativas de empleo para los pescadores, según dijo hace dos semanas a este Diario. El fondo ya cuenta con sus primeros recursos provenientes del gobierno ecuatoriano, que comprometió 1,5 millones de dólares; también una ONG holandesa especializada en capacitación ofreció 3,6 millones de dólares (tres millones de euros) y, la organización ecológica Conservación Internacional, otros 750 mil dólares.
Sergio Larrea, facilitador de la JMP, advierte que la implementación de estas alternativas ha generado una expectativa de solución inmediata. Por ello, aclara: "Los actores deben tener claro que son soluciones a largo plazo. No creo que podamos abrir una pesquería igual de rentable que el pepino de mar, por ejemplo, pero sí abrir otras que resuelvan el problema económico del sector".
Injerencia política afecta la estabilidad de los gremios
La aspiración del sector pesquero artesanal de Galápagos es que uno de sus miembros llegue al Congreso Nacional para que cuide de sus intereses. Un legislador que tramite leyes a favor de sus actividades de extracción marina y que "saque la cara" por ellos. "Todo el mundo dice que somos unos desgraciados y ninguno de los diputados de la provincia (dos) nos ha defendido, solo usan nuestra problemática para tener votos", afirma Dionisio Zapata, presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal (Copropag).
El presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Galápagos, Rogelio Guaycha, es actualmente diputado alterno de Vinicio Andrade, quien llegó a la curul por el Movimiento de Identidad Provincial (MIP) y apoyó al ex presidente Lucio Gutiérrez. "Es lo más cercano que tenemos a esa aspiración", dice de él Zapata, aunque sus actuaciones en el Parlamento son esporádicas y, por tanto, no reciben ningún beneficio palpable.
Hasta que puedan concretar su deseo ("quizás el mismo Rogelio, en la próxima elección", señala Zapata), su meta es captar dignidades seccionales, como alcaldías, concejalías o consejerías. "Esa actividad política, de alguna forma, ha logrado neutralizar la intención de acabar con nosotros", señala Ángel Mejía, presidente de la Cooperativa de Pesca Productos del Mar (Copespromar), quien está afiliado al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), al cual representó dos veces ante el Tribunal Electoral Provincial.
Dentro de las cooperativas de pesca, las tendencias políticas son diversas. El Partido Social Cristiano (PSC) tiene mayor fortaleza entre los socios de San Cristóbal e Isabela, especialmente entre los armadores o dueños de embarcaciones; mientras que en Santa Cruz, la Democracia Popular (DP) tiene más adeptos. La prefecta de la provincia, Fanny Uribe, está vinculada al turismo, aunque su familia también se dedicó a la pesca.
El acercamiento entre partidos políticos y gremios pesqueros beneficia a ambos grupos. Por un lado, "el sector es visible ante la comunidad porque toma una bandera de reclamo. Es la voz opositora de la gran empresa turística de la cual se benefician pocos y del sector conservacionista. Eso da votos y, en esta provincia, puede perderse la elección por un pequeño margen", dice Kléber Loor, gerente de Copropag y concejal de Santa Cruz por la DP. Los pescadores, a su vez, obtienen respaldo ante las autoridades locales durante sus paralizaciones.
Aquella influencia, sin embargo, perjudica la estabilidad de las cooperativas, refiere Rafael Elao, facilitador de la Estación Científica Charles Darwin. Por eso tiene una débil estructura: los socios no pagan a tiempo sus cuotas, no asisten a las reuniones ni ejercen control sobre las directivas.
"Si usted pertenece a un determinado partido político y preside una cooperativa, sus contrarios tratan de sacarlo presionando a los socios con los que, generalmente, tienen algún parentesco", señala Mejía.
Hace tres meses, por ejemplo, Francisco Guamanquispe, presidente de la Cooperativa de Pesca San Cristóbal (Coopesan) fue destituido por la asamblea de la organización aduciendo una cercanía con el Partido Social Cristiano (PSC). La esposa de Guamanquispe es hermana del alcalde de Isabela, Pablo Gordillo, de esa agrupación.
"No me destituyeron, yo renuncié porque se metieron con mi familia. Luego la asamblea me restituyó", aclara. El pescador de 37 años fue concejal de ese cantón por la Izquierda Democrática (ID) y participó en la elección pasada por el mismo partido.
El manejo político de los dirigentes empujó, además, el incremento del número de pescadores, generando mayor presión sobre los recursos marinos. El caso más reciente, según denunciaron socios de Coopesan, ocurrió en el 2000, cuando el presidente del gremio de la época, Franklin Zavala, terció como candidato a la alcaldía de San Cristóbal por el PRE, y permitió el ingreso de más de 50 socios, aunque este niega esa versión.
