La batalla del Oriente

Carlos Gutierrez   Revista Vistazo - Guayaquil   August 2004


Los amazónicos dicen que probarán que Texaco irrefutablemente contaminó sus tierras

Otro round de un juicio millonario

René Arévalo cuenta que hace aproximadamente cuatro años compró un terreno en Sushufindi, para construir una casa y trasladarse junto con su familia. Sabía que allí había funcionado antes una piscina de desechos de petróleo, que luego supuestamente fue limpiada y cubierta con tierra, lo que la convertía en un lugar habitable. Sin embargo, en su traslado René descubrió que todavía había desechos petroleros debajo de la superficie: explica que lo hizo mientras hundía los pilotes de su pequeña casa de madera, y luego cuando cavó un pozo de agua que terminó convirtiendo en pozo séptico por la presencia de crudo.

Lo peor es que René no se fue a vivir a otro lugar, sino que trató de adaptarse a las condiciones de su nueva casa, así que unos metros más allá de la primera excavación construyó un segundo pozo, que según dice "bota menos" petróleo, lo que le permite utilizar el agua previo un proceso de filtración a través de arena y piedras. Explica que desde que vive allí los dolores de cabeza y de barriga, así como vómitos, se han convertido en algo común en su hogar, pero sostiene que por ahora no tiene otra opción.

Mientras René cuenta su historia, cerca de 30.000 colonos e indígenas de la Amazonia, representados por 47 dirigentes, siguen una demanda multimillonaria contra Texaco, la empresa que creen que fue culpable de daños ecológicos como este, y otros incluso peores, lo que habría causado enfermedades y muerte en muchos pobladores. Los daños ecológicos se dieron según los acusadores principalmente por tres prácticas: primero, Texaco botó en los ríos de la Amazonia millones de galones de "agua de producción", que se extrae junto con el petróleo y es tóxica; segundo, utilizó piscinas al aire libre para almacenar desechos de petróleo, que luego en algunos casos dejó abiertas y en otros remedió (limpió) sin utilizar las técnicas adecuadas, por lo que la contaminación persiste; tercero, quemó gases sin darles el tratamiento adecuado previamente.

Texaco operó en Ecuador desde 1964 hasta 1990, periodo durante el cual tuvo 15 campos petroleros, con 339 pozos y 22 estaciones de producción (donde se separa el petróleo de otros elementos). Fue parte de un consorcio en el que el Estado ecuatoriano era socio mayorista, pero la petrolera tuvo a su cargo toda la operación. Inicialmente se planteó una demanda en Estados Unidos -en 1993- pero después de nueve años de batalla legal el caso fue remitido a las cortes ecuatorianas, por considerar que éstas eran las que tenían que decidir al respecto. Cabe mencionar también que en 2001 Texaco se fusionó con la petrolera Chevron, y pasó a llamarse Chevron-Texaco y a convertirse en una de las mayores petroleras.

Hoy el proceso está a cargo de la Corte de Justicia de Nueva Loja, y ha vuelto a ganar gran notoriedad en los últimos días con el anuncio de que a mediados de este mes se iniciarán las inspecciones judiciales, en las que tanto demandantes como demandados tendrán la oportunidad de demostrar la culpabilidad o inocencia de Texaco. Justamente el pozo 10, donde vive René Arévalo, es uno de los lugares que será inspeccionado.

Los supuestos daños

Como se dijo en líneas anteriores, los demandantes anotan tres problemas ambientales principales relacionados con la actividad petrolera: vertimiento de aguas de producción en los ríos, utilización de piscinas para desechos de petróleo que todavía son foco de contaminación, y quema de gases.

Respecto a las aguas de producción, Rodrigo Pérez, abogado de la petrolera, dice que "El sistema utilizado era universalmente empleado. El agua de producción no es un agua que contenga contaminantes, aunque sí es muy salina. El volumen de esa agua es muy mínimo en relación con el caudal y la velocidad de los ríos del Oriente: hemos demostrado que 300 metros más abajo del lugar de la descarga ya no existe el menor vestigio de salinidad". Pérez acepta que en la actualidad esa agua ya no se echa a los ríos, sino que es reinyectada a gran profundidad para evitar impactos ambientales, "Pero en esa época era el proceso común y corriente echar esa agua cuando hay ríos muy grandes y de mucho caudal. Eso (en la actualidad) no se puede y no se debería echar, aunque no es que tampoco haga mayor daño".

Dave Russell, de la firma Global Enviromental Operations, contratada por los demandantes para realizar estudios de remediación, por su parte explica que por cada barril de petróleo se extraen entre tres y 10 barriles de agua de formación, y que Texaco soltó durante sus operaciones cerca de 16.000 millones de galones de este líquido.

"Normalmente el petróleo y el agua son puestos en tanques para permitir que se separen. En Ecuador, a diferencia de Venezuela y muchos otros países productores, la separación fue hecha en piscinas abiertas y el petróleo fue tomado pero el agua (de formación) fue echada al ambiente. El agua (de formación) contiene sales, petróleo disuelto y metales pesados. Es tóxica para humanos, animales y plantas", dice.

Respecto a las piscinas de desechos de crudo que pueden verse hasta hoy en el Oriente, el abogado de Texaco también sostiene que la empresa remedió todas las que le correspondían, puesto que en 1995 llegó a un convenio con Petroecuador según el cual se hacía responsable del 37,5 por ciento de los daños, porque su participación en el consorcio era de esa misma proporción.

Dice que la remediación más practicada consistía en que se vaciaba todo el contenido de las piscinas y se lo metía en unas grandes bóvedas, limpiando todos los vestigios. Luego se rellenaba con tierra nueva y se sembraba. Todo el proceso contó con fiscalización, según cuenta. Otro sistema, menos común, era a través de bacterias. "(Petroecuador) no ha hecho ni la cuarta parte de lo que se comprometió a través del convenio con nosotros, pero sí ha hecho, y ha utilizado exactamente los mismos métodos y las mismas compañías que hemos utilizado nosotros. ¿Por qué siempre satanizar a Texaco?".

Sin embargo, para Dave Russell "La remediación de Texaco es una impostura. No hizo nada para remover los químicos. Pero eligieron cubrir y ocultar las piscinas de desechos y poner vegetación encima de ellas". Según un informe de su empresa, reparar los daños ambientales costaría cerca de 6.000 millones de dólares.

Sobre la quema de gases, la demanda dice que fue de 235 mil pies cúbicos y que se hizo sin tratamiento previo. Varios pobladores sostienen que la quema de gas los afectaba porque muchas veces era hecha en plantas cerca de zonas habitadas. Pero Rodrigo Pérez argumenta que "Si no se lo utiliza industrialmente hay que quemarlo. El gas, por ley, pertenece al Estado, que nos ordenó que quememos el gas".

¿Qué le toca a Texaco?

Steven Dorzinger, abogado de los demandantes, cree que Texaco no es solo responsable por el 37,5 por ciento de las piscinas de desechos de petróleo, sino por todas, así como por toda la contaminación con agua de formación, y así está planteado en la demanda: "Ellos (la petrolera) concibieron, diseñaron, construyeron y operaron este defectuoso sistema de extracción de petróleo para el consorcio. Los otros miembros del consorcio (es decir, Petroecuador) no tienen nada que ver con esta decisión, y como único socio operativo, Texaco era completamente responsable bajo el contrato de ejercer el cuidado apropiado utilizando la tecnología moderna de ese tiempo". Agrega que bajo teorías legales comunes, la parte negligente (en este caso Texaco) es responsable a perpetuidad por los daños de sus actos.

Rodrigo Pérez replica: "Esa no es solo la técnica utilizada por Texaco sino por todas las empresas del mundo de esa época. No puedo negar que hoy hay mejores técnicas, pero en ese entonces esa era la técnica utilizada, para no irnos más lejos, en países como Venezuela, Brasil, Perú. ¿Por qué la compañía no ha tenido problemas en los otros países?". Añade que el Estado tenía el 62,5 por ciento de acciones del consorcio que operó en la Amazonia y Texaco el 37,5 por ciento: "Acordamos que había que hacer eso y pagar según la proporción. Para variar, el Estado dijo que no tenía los fondos, así que exigieron que se haga lo que nos correspondía. Hicimos más de nuestra parte. Se hizo y se firmó un finiquito declarándonos sin ninguna responsabilidad sobre daños ambientales en el Oriente".

Steven Dorzinger considera que ese finiquito no les impide llevar adelante la demanda: "El hecho de que el Gobierno haya liberado a Texaco de cualquier responsabilidad no tiene conexión con el juicio. El juicio es entre partes privadas, los ciudadanos del Ecuador actuando desde su capacidad privada, y una compañía privada".

Efectos sobre la salud

Yolanda Chuquirima lleva 30 años viviendo en el recinto La Victoria, en Sushufindi, junto al río. Allí lava ropa, se baña -al igual que su familia- y capta agua para consumo doméstico. Dice que por muchos años percibió que el agua del río baja salobre (por el agua de formación), pero que aun así la consumía, porque era el único lugar donde podía conseguir el líquido vital. Algunos médicos le han dicho que ciertas enfermedades de sus niños se deben a la presencia del petróleo.

En 1999 se publicó el informe Yana Curi, realizado por el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria Manuel Amunárriz en el sector de San Carlos, en el cantón Sachas, el cual concluye: "Los resultados de este estudio sugieren que las mujeres que viven en las cercanías de pozos y estaciones de petróleo presentan un peor estado general de salud que las mujeres que viven lejos". Dice que las mujeres de las comunidades expuestas presentaron mayor frecuencia de hongos en la piel, cansancio, irritación de la nariz y los ojos, dolor de cabeza y garganta, dolor de oído, diarrea y gastritis. Habla de que experimentan un riesgo de abortos espontáneos 2,5 veces más alto y en los hombres se determinó también una probabilidad 3,6 veces mayor de contraer cáncer. Como parte de ese estudio se hicieron análisis de aguas que revelan que la mayoría de los ríos están contaminados con hidrocarburos, en cantidades que van desde el doble hasta 288 veces lo permitido en la Unión Europea.

En un informe de la misma institución publicado en 2002, concerniente al cáncer en Lago Agrio, Sushufindi, Sachas y Orellana, habla de que "Las poblaciones que viven en cantones con explotación petrolera tuvieron un mayor riesgo de padecer cáncer que las poblaciones que viven donde no existe explotación. El riesgo fue significativamente elevado para los cánceres de estómago, recto, el melanoma, el tejido conectivo y el riñón en los hombres y los de cuello de útero y ganglios linfáticos en las mujeres. El riesgo de padecer leucemia en los niños menores de 10 años fue también superior".

Un grupo de investigadores de salud de la Universidad de Harvard contratados por los demandantes encontraron en abril de 1993 una relación entre exposición al petróleo y enfermedades respiratorias y cáncer, así como defectos de nacimiento, abortos espontáneos y desnutrición.

Para Rodrigo Pérez estos estudios no tienen solidez científica: "Nunca se ha demostrado que la explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano produzca cáncer. Hay estudios muy completos que dicen que el cáncer entre los indígenas es producido por la altísima incidencia de hepatitis B. La hepatitis B mal curada siempre deriva en cáncer. Ahora, hay otras cosas: las madereras, los palmicultores, los cafeteros están utilizando fertilizantes y materiales químicos que son mucho más contaminantes y venenosos". Agrega que en la presente etapa judicial probarán que la explotación petrolera de Texaco no tuvo incidencia en la salud de los habitantes de la Amazonia.

Como ven el juicio

Luis Yanza es el coordinador del Frente de Defensa de la Amazonia, que congrega a varias organizaciones de colonos e indígenas y que está encargado de vigilar el juicio contra Texaco. Dice que pese a la amplia falta de confianza en la justicia que existe en el país, los demandantes están hasta ahora tranquilos al respecto. Únicamente se queja de cierta injerencia política: "El ministro anterior, (Carlos) Arboleda, hizo declaraciones a medios internacionales diciendo que este caso es negativo para el país, que es negativo para la inversión extranjera".

Asimismo, reclama que Texaco habría hecho cabildeo para presionar a Ecuador sobre el tema a través de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Incluso el Frente de Defensa insistió ante la ministra Baki para que se comprometiera a no tratar este tema dentro de las negociaciones comerciales, y consiguió un pronunciamiento de ella.

Por su parte, Rodrigo Pérez explica: "Que yo sepa, no hay presión de la compañía. Ahora, no tengo que ocultar, y es lógico y normal que la compañía informe permanentemente de este juicio al departamento de Estado y a sus autoridades en Estados Unidos". Pérez también reclama porque "Los indígenas presionan por un lado, los ecologistas por otro, y el Estado trata de quedar bien con uno y con otro. No hay mucha seriedad en el cumplimiento de obligaciones, como el convenio de remediación (con Petroecuador)".

Además se refiere a la solicitud de arbitraje que hizo la petrolera en Estados Unidos, y que ha sido rechazada por la Procuraduría con el argumento de que viola la soberanía ecuatoriana: "Un arbitraje al que está sometido no se puede desconocer. Ellos renunciaron a la soberanía al sujetarse a las normas que regían el consorcio". También expresa que "El arbitraje sigue, así lo atienda o no Petroecuador".

Pero la posición de la Procuraduría al respecto parece ser firme, al igual que la actitud de los demandantes, así que todo indica que el asunto se queda en el país.